Un análisis de la situación política y social de Honduras ante el escándalo de corrupción y narcotráfico que involucra a su presidente.


Introducción

El 8 de marzo de 2021, la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York presentó una acusación formal contra Juan Orlando Hernández Alvarado, el expresidente de Honduras, por cargos de conspiración para importar cocaína a Estados Unidos, posesión de armas de fuego, dispositivos destructivos, y falso testimonio. Según la acusación, Hernández habría participado en una red de narcotráfico que involucra a su hermano, el exdiputado Juan Antonio Hernández, alias Tony, quien fue condenado en octubre de 2019 por los mismos delitos. La Fiscalía sostiene que Hernández habría recibido sobornos de narcotraficantes a cambio de protección política y militar, y que habría usado el dinero ilícito para financiar su campaña electoral y mantenerse en el poder.

El arresto y juicio de Hernández, quien estuvo en el cargo desde enero de 2014 y fue reelegido en noviembre de 2017 en medio de denuncias de fraude, generó una crisis política y social en Honduras, un país centroamericano de 9.9 millones de habitantes que sufre de altos niveles de pobreza, violencia e impunidad. Este caso fue un serio desafío para la democracia, el Estado de derecho y los derechos humanos en Honduras, así como para las relaciones diplomáticas y de cooperación con Estados Unidos y la región.


Inicialmente, Juan Orlando Hernández, Juan Carlos Bonilla Valladares, «El tigre,» y Mauricio Hernández Pineda.

Los tres iban a ser enjuiciados simultáneamente en un solo juicio, pero «El Tigre Bonilla» y Mauricio H. Pineda se declararon culpables de los delitos que los acusaban y abrieron la ventana a las negociaciones para reducir la pena.

United States v. Hernández, 15 Cr. 379 (PKC) (S.D.N.Y. Sep. 13, 2023)


El nombre de Juan Orlando Hernández aparece en la acusación de su hermano Tony como conspirador número cuatro (CC-4). El juez Castel también dijo que el presidente Hernández había recibido sobornos de múltiples fuentes, incluyendo al cartel de Sinaloa y al cartel de Los hermanos Valle, otro grupo criminal hondureño, y que había usado el dinero ilícito para financiar su campaña electoral y comprar votos en el Congreso. Asimismo, el juez Castel señaló que el presidente Hernández había interferido en la justicia y en la lucha contra el narcotráfico, nombrando y destituyendo a fiscales y jueces a su conveniencia, y creando una unidad especial de la policía que respondía directamente a él y que estaba involucrada en actividades criminales.

El presidente Hernández ha negado todas las acusaciones en su contra y ha dicho que son parte de una venganza de los narcotraficantes que fueron extraditados a Estados Unidos durante su gobierno. Hernández también ha cuestionado la credibilidad de los testigos en el juicio, a quienes ha calificado de «asesinos confesos» que buscan reducir sus condenas. Hernández ha alegado que su gobierno ha sido el más exitoso en combatir el narcotráfico en Honduras, reduciendo el flujo de cocaína que transita por el país, decomisaron drogas y bienes, y extraditando a más de 40 narcos a Estados Unidos.

Los antecedentes del caso contra Hernández se remontan al año 2013, cuando la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés) inició una investigación sobre una organización criminal liderada por Davis Leonel Rivera Maradiaga, alias Cachiro, uno de los principales narcotraficantes de Honduras. En marzo de 2017, Rivera Maradiaga se declaró culpable ante una corte de Nueva York y reveló que había pagado sobornos a varios funcionarios hondureños, entre ellos al hermano del presidente Hernández, Tony Hernández, quien fue arrestado en noviembre de 2018 en Miami.

El juicio contra Tony Hernández comenzó en octubre de 2019 y contó con el testimonio de varios ex socios y colaboradores del Cachiro, así como de otros narcotraficantes hondureños y colombianos, quienes afirmaron que el acusado era un intermediario clave entre los carteles de la droga y el gobierno de Honduras. Según los testigos, Tony Hernández habría coordinado el envío de toneladas de cocaína hacia Estados Unidos, usando aviones, lanchas y hasta submarinos, y habría facilitado el acceso de los narcos a las pistas de aterrizaje y a las rutas terrestres y marítimas. Además, habría participado en varios asesinatos y actos de violencia relacionados con el tráfico de drogas, y habría utilizado armas y municiones propiedad del ejército hondureño. 

Uno de los testigos más comprometedores fue Alexander Ardón, alias Chande, exalcalde del municipio de El Paraíso, quien declaró que había entregado un millón de dólares al presidente Hernández en 2013, a cambio de protección y apoyo político. Ardón también dijo que había presenciado una reunión en 2015 entre Hernández y el líder del cártel de Sinaloa, Joaquín Guzmán Loera, alias El Chapo, quien le habría dado otro millón de dólares al mandatario hondureño.

El exdiputado fue trasladado a Nueva York, donde se le presentaron los cargos de tráfico de cocaína, posesión de armas y mentir a las autoridades federales. Tony Hernández se declaró inocente y fue recluido en el Centro Correccional Metropolitano de Manhattan, donde permaneció hasta su sentencia. Según su abogado, Hernández fue sometido a condiciones inhumanas y violaciones de sus derechos humanos durante su detención, y no tuvo acceso a una defensa adecuada ni a un juicio justo. Tony Hernández solicitó varias veces la libertad bajo fianza, pero le fue negada por el riesgo de fuga. Hernández también denunció que había recibido amenazas de muerte de otros reclusos y que temía por su vida.

El 18 de octubre de 2019, el jurado declaró culpable a Tony Hernández de los cuatro cargos que se le imputan, y el 30 de marzo de 2021 fue sentenciado a cadena perpetua más 30 años de prisión. Durante la sentencia, el juez Kevin Castel afirmó que Tony Hernández era un «diputado narco» que había contribuido a inundar Estados Unidos de cocaína, y que había actuado bajo la influencia y con el respaldo de su hermano, el presidente Hernández, por eso lo condenó a cadena perpetua más, 30 años.

United States v. Alvarado, S2 15 Cr. 379 (PKC) (S.D.N.Y. Jan. 19, 2023)